BRENDER ACKERMAN, CARLOS
I Caso fortuito y fuerza mayor
II La acción de tutela no tiene carácter subsidiario ni residual
III ¿Quién es el responsable la nación o el estado?
IV El libre desenvolvimiento de la personalidad
V La plusvalía de los bienes propios
VI Limitaciones a la libertad de culto
VII Paz y salvo
VIII Suspensión del servicio público domiciliario por incumplimiento o mora en el pago no opera de manera inmediata
IX Consideraciones subjetivas en la sentencia
X La calidad del mandatario del ciudadano colombiano que promueve la acción de inconstitucionalidad
XI La carencia actual de objeto
XII La prueba pericial
XIII El desatino en la escogencia del procedimiento
XIV La historia clínica
XV La ultrapetita y el daño moral
XVI Términos procesales
XVII La responsabilidad del empresario de espectáculos cancelados
XVIII La prescripción de oficio
XIX Daños a la propiedad en manifestaciones
XX La radicación de una demanda no genera perjuicios
XXI Nadie puede prevalerse de su propia declaración
XXII Declaración de falta de jurisdicción
XXIII Los efectos expansivos de la sentencia
XXIV El interés en la demanda de simulación
XXV Iura novit curia
XXVI Recurso de anulación de laudos arbitrales no es segunda instancia
XXVII El acto administrativo
XXVIII La existencia legal de las personas a partir del nacimiento
XXIX Sanción disciplinaria a un abogado
XXX Imágenes captadas en sistemas de videovigilancia están sujetas al régimen de protección de datos personales
XXXI Difundir actuación disciplinaria trasciende el ámbito íntimo del servidor público
XXXII La acción mero declarativa de la unión estable de hecho para proceder a la partición de la sociedad patrimonial
XXXIII Excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia y cláusula compromisoria son disímiles entre sí
XXXIV El derecho a la igualdad
XXXV Instituciones educativas no pueden retener documentos académicos por falta de pago
XXXVI ¿Son civilmente responsables los periodistas por publicar y opinar sobre corrupción de funcionarios públicos?
XXXVII Teoría del hecho del príncipe y teoría de la imprevisión
XXXVIII Obligaciones del tomador de la políza de seguro
XXXIX ¿Los actos académicos tienen control jurisdiccional?
XL El contrainterrogatorio
XLI El principio de la relatividad de los contratos
XLII El pacto de cuota litis
XLIII Silencio administrativo positivo por indebida notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración
XLIV La acción de tutela para cuestionar procesos en curso
XLV Responsabilidad objetiva o subjetiva en accidentes de trabajo
XLVI La responsabilidad solidaria del tercero llamado en garantía
XLVII ¿Es procedente declarar saneada la nulidad por falta de notificación al demandado del auto admisorio de la demanda?
XLVIII Inhabilidades para ser elegido en el consejo de administración
XLIX ¿Partes pueden modificar una estipulación prohibitiva inicial en contrato de arrendamiento?
L El derecho a la no discriminación
La entrada en el mundo jurídico de la robótica y de la inteligencia artificial plantea importantes retos que han hecho aparecer una nueva rama jurídica como el pretendido derecho laboral de los robots, que al no ser conceptualmente personas naturales ni jurídicas, escapan a la categoría tradicional de sujetos de derecho.
Al igual que Internet, como lo fue en su momento la Revolución Industrial, los robots y los sistemas de inteligencia artificial (I A) son la próxima tecnología transformadora de nuestro tiempo.
En breve, esperamos ver a los robots desempeñar todo tipo de tareas, desde conducir vehículos hasta mejorar el trabajo de muchos profesionales, o incluso sustituir a los soldados humanos en el campo de batalla.
Por ello, el Derecho tiene que ocuparse de esta tecnología disruptiva para garantizar el respeto a los derechos que emergen de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de las Constituciones de los Estados.
Una regulación eficaz, creará confianza en la seguridad de los dispositivos y aplicaciones, consagrando el respeto a la proteceión de datos, lo cual es esencial para que los consumidores, las empresas y las administraciones públicas, incorporen estas innovaciones con garantías jurídicas y éticas.
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