CASINO RUBIO, MIGUEL
Nota a la segunda edición
Prólogo a la primera edición
Introducción
Cap. I. Expurgando la doctrina del Tribunal Constitucional
1. Justificación de la elección
2. Observaciones iniciales a la doctrina constitucional
3. Infracción administrativa y consecuencia desfavorable: los dos hilos que atan una sanción
Cap. II. Infracción administrativa, ilícitos privados y otros incumplimientos
1. Los ilícitos privados
2. Sin incumplimiento no hay infracción, pero hay incumplimientos que no son infraccioens
3. Sin infracción administrativa no hay sanción, pero con infracción no siempre hay sanción (en la práctica
Cap. III. La consecuencia desfavorable
1. La finalidad representativa o de castigo como guía de distinción
2. Las medidas que obligan a pagar una suma de dinero
3. Las medidas restrictivas de derechos. Sin derecho previo no hay sanción posible
4. Deshojando la margarita: la revocación de derechos
Cap. IV. Las medidas restrictivas de derechos
1. Introducción
2. La distinción entre incumplimiento del régimen de la autorización e incumplimiento del régimen de la actividad autorizada, y sus complicaciones
3. Incumplimiento de requisitos que son infracciones e infracciones que son incumplimiento de requisitos
Cap. V. El mito del carácter punitivo de las revocaciones y prohibiciones de derechos
1. El carnaval de las sanciones administrativas
2. Algunas preguntas inquietantes y un intento de respuesta
3. El fin prevalente de las medidas: una encrucijada difícil de resolver
4. Fuera las máscaras: no hay más sanción que la multa
Cap. VI. Algunas piezas que no encajan
1. Las medidas provisionales
2. La legitimación del denunciante
3. La ejecutividad de las sanciones
Bibliografía
Hasta no hace mucho tiempo la definición del concepto de «sanción administrativa» y la necesidad de distinguir técnicamente las sanciones de otras medidas de intervención o policía administrativas de contenido igualmente desfavorable para su destinatario no suponían entre nosotros ningún motivo de preocupación. Hoy, sin embargo, son abundantes las opiniones doctrinales y las sentencias judiciales que se cuidan de esta distinción y de ofrecer criterios que permitan colocar en su lugar a la correspondiente medida administrativa. Aunque mucho se ha avanzado en este asunto, todavía hay más de un cabo suelto y bastantes malentendidos.
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