PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E IMPARCIALIDAD OBJETIVA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - 1.ª ED. 2023

PRÓLOGO
Jaime Rodríguez-Arana

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I
MARCO GENERAL INTERNACIONAL Y CONSTITUCIONAL
1. La aplicación de los principios y las garantías judiciales a los procedimientos administrativos sancionadores
2. La complementariedad de los derechos humanos y los derechos constitucionales frente a la potestad sancionadora
2.1. Nivel internacional interamericano
2.2. Nivel nacional constitucional peruano
3. La indudable aplicación de los derechos y las garantías ante la potestad sancionadora en beneficio de personas jurídicas (morales)
4. La indudable aplicación de los principios del proceso penal en el procedimiento administrativo sancionador

CAPÍTULO II
EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PERUANO
1. Contenido esencial
2. Expresión legal de la presunción de inocencia en el ámbito administrativo
3. El estándar probatorio requerido para vencer la presunción de inocencia en el ámbito administrativo
3.1. Entendimiento correcto en la jurisdicción peruana: exigencia de prueba más allá de toda duda razonable
3.2. Entendimientos patológicos en la jurisdicción peruana
3.3. Recomendaciones para corregir los entendimientos patológicos

CAPÍTULO III
EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD OBJETIVA DEL DECISOR EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PERUANO
1. Contenido esencial
2. Expresión legal de la imparcialidad objetiva del decisor en el ámbito administrativo
3. La imparcialidad objetiva requerida en el ámbito administrativo
3.1. Entendimiento correcto en la jurisdicción peruana: exigencia de imparcialidad objetiva irreductible3.2. Entendimientos patológicos en la jurisdicción peruana
3.3 Recomendaciones para corregir los entendimientos patológicos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

La presunción de inocencia y la imparcialidad del juzgador son dos principios esenciales en el ejercicio del ius puniendi del Estado. Su trasgresión puede significar una grave afectación a los ciudadanos y las empresas cuando se les juzga por la presunta comisión de una infracción o un delito.

La recepción de estos principios ha sido contundente en el ámbito del derecho penal, dado su carácter de ultima ratio. Sin embargo, en el ámbito administrativo sancionador se han producido algunas dificultades en su aplicación, usándose no pocas veces el argumento de que la naturaleza de las funciones de la Administración pública o su estructura no permiten la íntegra observancia de estos principios; o, que, finalmente, una decisión administrativa en el ámbito sancionador estará sujeta a una revisión judicial.

La presente obra reafirma la necesidad de que dichos principios no sean ignorados ni vaciados de su contenido en el ámbito administrativo sancionador y que su lectura y aplicación se realice en clave constitucional y convencional, de acuerdo con los parámetros exigidos en un Estado social y democrático de derecho.