20 DERECHOS DE LA NIÑEZ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO - 1.ª ED. 2009

MENDOZA BAUTISTA, KATHERINE

$ 60.00 MXN
3.26 $
2,87 €
Editorial:
UBIJUS, EDITORIAL SA DE CV
Año de edición:
2009
ISBN:
978-970-95719-0-5
Páginas:
27
Encuadernación:
Rústica - Pasta blanda
Colección:
INVESTIGACIÓN MINISTERIAL

Disponibilidad:

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1. La niña y el niño como sujetos de derechos

2. Derecho a no ser discriminado

3. Derecho a que las decisiones en que se involucren sus intereses se fundamenten en el principio del interés superior de la infancia

4. Derecho a medidas de protección

5. Derecho de permanecer junto a su familia

6. Derecho a ser escuchado

7. Derecho a una jurisdicción especializada en adolescentes

8. Derecho a que la ley fije una edad mínima antes de la cual se presuma irresponsabilidad penal del niño

9. Derecho a ser atendido por personal especializado

10. Derecho al debido proceso legal

11. Derecho a la presunción de inocencia

12. Derecho a ser informado sin demora de los cargos formulados en su contra

13. Derecho a contar con asistencia jurídica

14. Derecho a no ser obligado a declararse culpable

15. Derecho a contar con la asistencia gratuita de un intérprete

16. Derecho de controvertir las actuaciones

17. Derecho del niño a ser tratado con humanidad y respeto, cuando sea privado de su libertad

18. Derecho a estar separado de los adultos, cuando sea privado de su libertad

19. Derecho a medidas alternativas a la justicia para adolescentes

20. Derecho al respeto de su intimidad

Bibliografía

¿Qué derechos tienen las Niñas, Niños y Adolescentes frente al sistema penal? ¿Cuáles son las medidas de protección que debe implementar el Ministerio Público para salvaguardar el Interés Superior del Niño? ¿Qué medidas y cuidados deben tomar los operadores jurídicos para proteger la dignidad de la niñez en el ámbito del sistema penal?

Cualquier servidor público debe saber que la Niñez y la Adolescencia gozan de una protección muy especial a escala del ordenamiento jurídico mexicano. Este texto les orientará no sólo para conocer esos derechos, sino también para aplicarlos en beneficio del libre desarrollo de la personalidad de toda niña, niño o adolescente vinculado al sistema de justicia penal.

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