LATORRE CHINER, NURIA
I. Las operaciones con partes vinculadas en las sociedades cotizadas. Por qué regularlas y cómo hacerlo.
II. La Directiva 2017/828 y la regulación de las operaciones vinculadas en el Derecho societario español.
III. Las operaciones entre la sociedad y sus administradores o personas vinculadas a ellos.
IV. Las operaciones entre la sociedad y sus accionistas significativos o personas vinculadas a ellos.
V. El ámbito objetivo de las operaciones vinculadas y el informe de evaluación
Las operaciones vinculadas son operaciones que la sociedad realiza con personas que ocupan una posición clave dentro de la sociedad y que tienen la capacidad de determinar las decisiones societarias o de influir en los procesos de decisión. Estos sujetos son, básicamente, los administradores, los socios significativos y, por supuesto, los socios de control, pero también las personas especialmente relacionadas con ellos, como familiares próximos y sociedades bajo su influencia o dominio.
Las operaciones con partes vinculadas no son, necesariamente perjudiciales para la sociedad, ni tampoco la parte vinculada tiene como único propósito enriquecerse a toda costa de la sociedad que administra o sobre la que tiene una influencia significativa. Sin embrago, el hecho de que la contraparte pertenezca a los órganos de gobierno de la sociedad o influya en alguno de sus miembros, convierte a estas operaciones en operaciones de conflicto, en las que existe un riesgo agravado de que la sociedad celebre una operación contraria a sus intereses y favorable a los de la contraparte.
La Directiva (UE) 2017/828, de 17 de mayo, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE, para el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, ha consagrado la necesidad de implementar regulaciones específicas para las operaciones que las sociedades cotizadas celebren con las partes vinculadas.
La presente monografía analiza los retos a los que se enfrentan los legisladores en la transposición de la Directiva y los mecanismos más eficaces para alcanzar el objetivo marcado: proteger a la sociedad frente a la extracción de beneficios privados llevados a cabo por sus "iniders"
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