ARMENTA LÓPEZ, LEONEL ALEJANDRO
CAPÍTULO PRIMERO
EL DERECHO
I. Realidad existencial y finalidades del derecho
II. Su valor y valores que inspiran al derecho
CAPÍTULO SEGUNDO
LAS NORMAS JURÍDICAS
I. Su necesidad
II. Su obligatoriedad
CAPÍTULO TERCERO
LA CRISIS DEL DERECH0
I. El positivismo jurídico
II. El nornnitivismo jurídico
III. El legalismo jurídico
IV. El sistema jurídico distante de las necesidades sociales
CAPÍTULO CUARTO
LA PRÁC TICA DE UNA POLÍ TICA VICIOSA
I. El sistema político
II. Los partidos políticos
III. Las instituciones electorales
CAPÍTULO QUINTO
CRISIS ESTRUCTURAL DEL ESTADO MEXICANO. DIVISIÓN DE PODERES
I. Adveiiencia
II. División del poder político
III. Las entidades federativas
CAPÍTULO SEXTO
DERECHO DEMOCRÁTIC0
I. El poder del Estado
II. Legitimación del poder político mediante un derecho democrático
III. Un sistema jurídico democrat izado
IV. Un Estado de derecho democrático
En México, el sistema político, el derecho y su sistema jurídico se hallan en crisis debido a su ilegitimidad y a la falta de respeto al principio de legalidad, soporte esencial del Estado de derecho. La crisis ha permeado a toda la estructura del Estado y la sociedad mexicana ha sufrido sus efectos. El sistema político presenta profundas grietas provocadas por la incapacidad de quienes detentan el poder público, mientras que el derecho ha sufrido una subvaloración no sólo por parte de los funcionarios, sino también de la ciudadanía, que desconoce la importancia que reviste para su vida individual y social, aunque padece en carne propia la ineficacia de las leyes, razones por las cuales las instituciones estatales continúan su inevitable desgaste porque carecen de credibilidad y de confianza. Éstos son, entre otros, los problemas por los que atraviesa la nación y que en este libro se tratan.
Por tal motivo, se requiere de una nueva relación entre la sociedad y el Estado, en la que los sistemas político y jurídico se reencuentren y coincidan en un solo objetivo, para que juntos transiten hacia la consecución de su real y eficaz democratización, sujetados al principio de respeto a la legalidad, con el propósito de que ambos consigan legitimarse ante los gobernados y sea posible la construcción de un derecho democrático, del cual actualmente carecen los órganos del Estado, pese a que es el fruto que cada mexicano merece de sus instituciones políticas y jurídicas, puesto que a su servicio deben estar, ya que con esa finalidad fundamental fueron creadas.
Lo anterior coloca al autor en la posición de poder afirmar que la vigencia de un derecho democrático implica, previamente, llevar a cabo con urgencia la democratización de los sistemas político y jurídico mexicanos, con el fin de que funcionen en favor de la ciudadanía respondiendo siempre a las causas populares, premisa sostenible si se hace una revaloración del derecho con un sentido social, en el que el gobernado sea el centro principal de cuanta legislación se expida y alrededor del cual deben orbitar todas las leyes; sólo que como estos objetivos tienen que apuntar hacia un ámbito básicamente estatal dentro del cual se consigan y se materialicen, procede entonces hablar con propiedad de la existencia de un Estado de derecho democrático que debe de alcanzarse en México, como el último estadio del proceso de democratización que se emprenda y se logre en todas las instituciones públicas que lo integran.
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