BORINSKY, MARIANO H. / MAHIQUES, CARLOS ALBERTO / CATALANO, MARIANA INÉS
Prólogo
Presentación
PARTE GENERAL
CAPÍTULO I
LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL
CAPÍTULO II
LAS GARANTÍAS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL
CAPÍTULO III
OBJETIVIDAD Y ACUSACIÓN. EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO
CAPÍTULO IV
LA GARANTÍA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
CAPÍTULO V
LAS GARANTÍAS DE LA VÍCTIMA
CAPÍTULO VI
LA GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARTE ESPECIAL
CAPÍTULO VII
LA GARANTÍA DE LIBERTAD DURANTE EL PROCESO
CAPÍTULO VIII
LAS GARANTÍAS DURANTE LA PESQUISA
CAPÍTULO IX
LAS GARANTÍAS EN EL JUICIO
CAPÍTULO X
LAS GARANTÍAS EN LA REVISIÓN
CAPÍTULO XI
LAS GARANTÍAS EN LA EJECUCIÓN
CAPÍTULO XII
LA GARANTÍA DE EFICIENCIA
Índice bibliográfico
Índice de jurisprudencia citada
Asumimos el desafío de escribir esta obra convencidos de que el sistema acusatorio tributa a un propio esquema de garantías, que van más allá de la defensa del imputado; algunas, como versión más depurada de las que viene consagrando el derecho procesal penal; otras, como expresiones propias de un nuevo orden, a medida de su dinámica y con foco policéntrico, con especial atención en la víctima.
En tal faena, partimos de las garantías constitucionales más clásicas y consolidadas de nuestra tradición jurídica, para luego avanzar sobre las propias y distintivas del Sistema Acusatorio, integradas al texto del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que apuntan a dinamizar el sistema, garantizar la paridad en la litigación, transparencia y rapidez en la resolución de las causas.
En este sentido, se propone un enfoque bifronte, sistematizado en una parte general y una parte especial:
El primero comienza por la referencia a enunciados propios de este nuevo paradigma procesal, como la oralidad extensiva a todos los tramos del proceso, que sincera el litigio y lo dota de mayor transparencia, desde que todo transcurre en audiencias públicas.
Se abordan los nodos de actuación del fiscal como nuevo conductor de la investigación, partiendo del principio de objetividad y buena fe, que operan como resguardo de la defensa, porque el legajo de investigación es por regla abierto a su respecto y cuando las evidencias colectadas no sustentan suficientemente la hipótesis delictiva, el propio fiscal debe pedir el sobreseimiento; a la vez que la división de funciones dota al juez de mayor imparcialidad.
Se analiza la garantía de resolución de conflictos asentada en un modelo de composición, que encuentran su norte en la armonía y la paz social; lo que se instrumenta a través de la conciliación, la suspensión del juicio a prueba y los acuerdos abreviados.
Otro eje esencial es la situación de la víctima, reconocida plenamente e incorporada al proceso con facultades ajenas al Código Levene, como la posibilidad de deducir una acusación propia.
A modo de cierre de esta primera sección, se analiza la garantía de participación ciudadana, en particular alusión al juicio por jurados, herramienta mencionada en varios preceptos del Código, pero sin regulación definitiva. Por ello, se indagan no solo su finalidad y consagración constitucional sino también los puntos centrales de su funcionamiento, con ejes en la experiencia comparada de varias provincias donde se encuentra vigente, a las que se sumó recientemente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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