SÁNCHEZ GALINDO, ANTONIO
El neoliberalismo, a pesar de su discurso, ha creado múltiples grupos sociales vulnerables. Los hombres y mujeres que no tienen oportunidad de vivir la vida como los pequeños grupos que sustentan la riqueza y el poder, como dice Elías Neuman (Victimización de mujeres en prisión) dentro de la judicialización de la pobreza. Uno de estos grupos, que es el de las mujeres y hombres que suelen poblar las prisiones como sujetos sociales que han fracasado, son los pobres diablos del delito, por más ricos que sean por ejercer la delincuencia organizada o transnacional, como asienta el Prof. López-Rey y Arrojo (Criminología, Siglo XXI).
Por eso decimos que en nuestro país, el cambio que ha sufrido nuestra justicia penal es radical. Las reformas constitucionales que se han establecido en el 2008, 2011 y 2013, han sido contundentes. El sistema penal inquisitivo mixto -que hemos venido viviendo desde 1931- está agónico y morirá (2016). Esto no es presagio sino letra escrita, promulgada y publicada. Sin embargo, ya ha habido cambios, múltiples entidades federativas han venido tratando de llevar a cabo la transformación "como Dios les ha dado a entender". El desorden legal que ha imperado en todo el territorio de la República Mexicana, erigiendo sus principios de legalidad en la procuración, impartición y ejecución de justicia, con el pretexto del principio de "soberanía" han marcado caprichos y aislamientos y, por supuesto, diferencias, lo que daña en el fondo al justiciable y a la sociedad entera del país. Por esto, la Federación se ha visto impulsada a solicitar la adhesión a los cuerpos de legalidad únicos. Podríamos decir paradigmas sobre los que tiene que marchar una nueva justicia penal acusatoria, oral y adversarial, es decir, uniforme. De esta suerte no tendremos diferencias en todo el ámbito de legalidad penal, se atenderán los problemas que provengan de la comisión de ilícitos atendiendo, desde luego, las particularidades de la reforma a la Constitución Federal y los tratados internacionales que México haya suscrito y aprobado y ratificado por el senado.
