ACCESO A LA INFORMACION, PARTICIPACION PUBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA

Y OTROS / PIGRAU SOLE, ANTONIO

$ 1,108.00 MXN
60.28 $
52,96 €
Editorial:
ATELIER
Año de edición:
2009
ISBN:
978-84-96758-80-3
Páginas:
403
Encuadernación:
Rústica - Pasta blanda
Colección:
ADMINISTRATIVO

Disponibilidad:

  • EXCLUSIVOS EN dijuris.com 12Libro físico - salida Inmediata
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PRESENTACIÓN


CAPÍTULO I.
DIEZ AÑOS DEL CONVENIO DE AARHUS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
Antoni Pigrau Solé (Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili)
Susana Borràs Pentinat (Profesora Colaboradora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili)
I. Introducción
II. Los antecedentes del Convenio de Aarhus de 1998
III. Ámbito de aplicación y estructura del Convenio de Aarhus
IV. Objetivos y derechos ambientales: los tres pilares del Convenio de Aarhus
1. Acceso del público a la información sobre el medio ambiente
2. Participación del público en el proceso de toma de decisiones en materia de medio ambiente
3. Acceso a la justicia en el ámbito del medio ambiente
V. El desarrollo posterior del Convenio de Aarhus
VI. El cumplimiento en el Convenio de Aarhus
1. El Comité de Cumplimiento
2. El mecanismo de cumplimiento
2.1. El inicio del mecanismo de cumplimiento
2.2. Los principales problemas de cumplimiento
2.3. La transparencia en el procedimiento de cumplimiento
2.4. El resultado del procedimiento de cumplimiento
2.5. Relaciones con los medios de solución pacífica de controversias y la intensificación de sinergias con otros mecanismos de cumplimiento
3. La valoración del cumplimiento: la jurisprudencia del Comité de Cumplimiento
4. Los mecanismos de facilitación del cumplimiento
4.1. El Mecanismo de Centro de Intercambio (Aarhus Clearinghouse Mechanism)
4.2. La creación de capacidades (Capacity Building Service)
VII. El Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de contaminantes
VIII. Conclusiones
IX. Bibliografía


CAPÍTULO II.
LA REGULACIÓN COMUNITARIA EUROPEA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE EN SUS ESTADOS MIEMBROS
Alfonso González Bondia (Profesor Titular de Escuela Universitaria de Derecho Comunitario Europeo de la Universitat Rovira i Virgili)
I. Introducción
II. El acceso a la información ambiental
1. Antecedentes y marco normativo aplicable
2. Cuestiones generales relativas a la aplicación de la Directiva 2003/4
3. El acceso a la información medioambiental previa solicitud
4. La difusión activa y la calidad de la información medioambiental
III. La participación del público en la toma de decisiones con repercusiones en el medio ambiente
1. Antecedentes y marco normativo aplicable
2. Aspectos generales relativos a la aplicación de la Directiva 2003/35/CE
3. La participación del público en los planes y programas
4. La participación del público a la luz de las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE
4.1. La participación prevista en la Directiva 85/337/CEE para los procedimientos de evaluación ambiental de determinados proyectos públicos y privados
4.2. El procedimiento de participación previsto en la Directiva 96/61/CE
IV. El acceso a la justicia en materia medioambiental
1. Antecedentes y marco normativo aplicable
2. El acceso a la justicia para garantizar al acceso del público a la información ambiental
3. El acceso a la justicia para garantizar la participación del público en la toma de decisiones con repercusiones en el medio ambiente
4. La propuesta de Directiva sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
V. Conclusiones
VI. Bibliografía


CAPÍTULO III.
EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y SU DESARROLLO EN LA LEY 27/2006
Jordi Jaria i Manzano (Profesor Lector de Derecho Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili)
I. El principio de colaboración como fundamento del derecho ambiental
1. Los principios fundamentales del Derecho ambiental
2. El principio democrático, el derecho a un medio ambiente adecuado y la participación ciudadana en la creación del Derecho ambienta
II. El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona como derecho procedimental y su despligue en la ley 27/2006
1. La configuración del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona como bien jurídico
2. El derecho a un medio ambiente adecuado como derecho procedimental
2.1. La información como presupuesto para la participación
2.2. El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona como derecho de participación en la toma de decisiones
2.3. El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona como derecho de acceso a la justicia para el control de las decisiones
III. Bibliografía


CAPÍTULO IV.
EL ENCAJE DE LA LEY 27/2006, DE 18 DE JULIO, POR LA QUE SE REGULAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTO DE COMPETENCIAS
Neus Oliveras i Jané (Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili)
Laura Román Martín (Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili)
I. Introducción
II. Elaboración de la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente
1. Antecedentes
1.1. La sucesión de normas en materia de participación, información y acceso a la justicia en el medio ambiente
1.2. El anteproyecto de ley: consulta a los agentes implicados
2. Iter parlamentario y aprobación de la ley
3. Estructura y contenido de la ley
4. Notas sobre la transposición de las Directivas comunitarias al ordenamiento jurídico interno
III. Aspectos competenciales
1. La protección del medio ambiente como materia competencial
1.1. Marco constitucional y jurisprudencial del medio ambiente
1.2. Contenido medioambiental de la ley 27/2006 y fundamento de las demás competencias afectadas
2. Delimitación funcional de la competencia
2.1. El reparto constitucional. Las diferentes funciones en la materia ambiental
2.2. ¿Son bases las directivas?
2.3. La coordinación como función en la competencia ambiental
2.4. Análisis competencial de la Ley 27/2006
IV. Reflexiones finales
V. Bibliografía


CAPÍTULO V.
LAS AUTORIDADES PÚBLICAS ANTE LAS NUEVAS OBLIGA

La participación de los ciudadanos en la defensa del medio ambiente en cuanto bien jurídico colectivo constituye un elemento crucial para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo consagrados por la Constitución Española. La definición jurídica de esta participación y su instrumentación a través de mecanismos legales que la hagan real y efectiva constituyen en la actualidad uno de los ámbitos en los que con mayor intensidad ha evolucionado el Derecho ambiental. En esta línea, debe situarse la aprobación de Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que supone un paso muy importante hacia la democracia ambiental. Esta Ley define, en nuestro ordenamiento, el marco jurídico que responde a los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998; y las Directivas europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE. A través de la articulación de los tres pilares de información, participación y justicia, pone las bases para un cambio de paradigma en la actuación de los poderes públicos en este ámbito, con actitudes más transparentes y más participativas. El análisis y la configuración de estos derechos constituye el objeto central de esta obra, que pretende ser un instrumento útil para los operadores jurídicos y una herramienta de difusión de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia, tanto para la ciudadanía y las organizaciones ambientales como para las propias autoridades públicas encargadas de su aplicación y los juristas.

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