REYES ALPÍREZ, TERESITA
Siglas y abreviaturas
Prólogo
Miguel Ontiveros Alonso
Introducción
I. La impartición de justicia penal
1. Estado, seguridad pública, Derecho penal y proceso penal
2. Impunidad, contrario a la tutela judicial efectiva. Una mirada a la situación actual de la justicia penal en México
3. Corrupción
4. Objeto del análisis
II. Compliance y la función judicial
1. Modelo de organización: compliance
A. Generalidades
B. Elementos del compliance
C. Compliance en el sector público
2. Las personas funcionarias judiciales que operan el proceso penal
A. Marco de actuación
B. órgano de gobierno, vigilancia y demás departamentos afines al compliance
C. Instituciones encargadas de salvaguardar los derechos inherentes a la prestación del servicio público de impartición de justicia penal
III. La actividad riesgosa de quienes imparten justicia penal
1. Método de análisis
2. Mapa de riesgos en la vertiente de análisis. Nulidades procesales, el denominador común que retrasa la impartición de justicia penal
3. Mapa de riesgos en la vertiente de herramienta
A. Deberes jurídicos que la norma jurídica impone a quienes imparten justicia en el proceso penal, relativos a la observancia de los derechos fundamentales de las partes, y que de infringirse y trascender al sentido del fallo pueden causar la nulidad del acto procesal
B. Pautas de debida diligencia para quienes imparten justicia penal
C. Normas jurídicas sancionadoras de la conducta desplegada por quienes imparten justicia penal
D. Normas jurídicas que inciden en la función de gobernanza y buen gobierno, contenidas en ordenamientos jurídicos nacionales y otras derivadas de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano con otros Estados
IV. Elementos para el control y vigilancia de la función judicial penal
1. Resultados del análisis. Elementos controladores de los supuestos de riesgo
A. Al interior
B. Al exterior
2. Elementos del compliance y su correlación con las instituciones del ente del Estado objeto de regulación
3. El compliance penal y su posición en el ámbito de aplicación de las normas jurídicas del Derecho sustantivo y adjetivo penal
4. Respeta la facultad creativa de la persona juzgadora
5. Facilita la aplicación de un modelo de imputación y blinda a la persona funcionaria judicial y al ente público de acciones legales infundadas
V. Compliance judicial para organizar la labor jurisdiccional en el ámbito penal
1. Compliance judicial
2. Beneficios
A. En sede interna. Facilita la vigilancia de la función judicial; implementa una cultura de cumplimiento normativo; es compatible con las exigencias de buen gobierno, el derecho a la información y demás lineamientos internacionales para la impartición de justicia
B. En sede externa. Propicia la instauración de acciones legales específicas para activar procedimientos y procesos judiciales orientados a sancionar actos irregulares, ilícitos o delictuosos de quienes imparten justicia penal, favoreciendo la participación ciudadana, y es articulador del sistema nacional anticorrupción
C. Consolida el Estado de Derecho
Referencias
Los altos índices de criminalidad revelan que la impartición de justicia penal que brinda el Estado mexicano en los ámbitos federal y estatal es ineficaz. La autora propone su fortalecimiento a partir de mejorar el desempeño de las personas funcionarias judiciales.
Para lograrlo, justifica que es útil, viable y un imperativo ético y político implementar el modelo organizacional denominado compliance -programa de cumplimiento normativo- que emplean las empresas, trasladándolo a la función judicial como herramienta acorde al sistema jurídico mexicano para vigilar y regular la actividad de quienes imparten justicia penal.
De los elementos del modelo organizacional destaca el mapa de riesgos para la actividad jurisdiccional penal que recopila las acciones legales que existen en el sistema jurídico mexicano para sancionar la actividad irregular, ilícita y delictuosa de las personas funcionarías judiciales, y que activan los mecanismos de sanción previstos en las áreas del derecho administrativo, derecho penal, así como ante los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamehcana de Derechos Humanos y la Corte Interamehcana de Derechos Humanos; incluida la responsabilidad del Estado porsu actividad irregular.
También, destaca su compatibilidad con el sistema anticorrupción, el derecho a la información, las normas jurídicas que imponen la obligación de transparentar los actos de autoridad y de gobierno abierto; elementos presentes en todo Estado democrático.
Lo anterior, en un recorrido por el proceso penal acusatorio, el cual se dilata o retrasa por la violación a los derechos fundamentales que integran el debido proceso.
Como nota relevante resalta, que el compilan ce trasladado a la función judicial penal dotará de vigencia a los principios y reglas que rigen el proceso penal. de ese modo, reducirá los espacios de discrecionalidad de quienes imparten justicia, donde aquellos alcanzan una función estabilizadora y crean lex artis.
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