CORNEJO, ABEL
BREVE ACLARACIÓN
DIAGNÓSTICO DE INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1
La defensa eficaz
CAPÍTULO 2
El principio de legalidad como garantía constitucional de la defensa en juicio
CAPÍTULO 3
El debido proceso legal o derecho de defensa procesal
CAPÍTULO 4
El conocimiento de la imputación: garantía indispensable para una defensa eficaz
CAPÍTULO 5
Principio del juez natural y garantía de imparcialidad
CAPÍTULO 6
El derecho a declarar y la garantía de no incriminación
CAPÍTULO 7
Ne bis in idem e in dubio pro reo
CAPÍTULO 8
Derecho al recurso judicial y reformatio in peius
CAPÍTULO 9
Plazo razonable
BIBLIOGRAFÍA
El sistema de este libro consiste en reseñar aspectos doctrinarios combinados con jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se recurrió también al Derecho Comparado latinoamericano en pos de poner en evidencia que la defensa eficaz es una garantía que trasciende las fronteras nacionales. Se evitó deliberadamente el uso de abreviaturas para facilitar la lectura y que no se confundan los fallos de sendos altos tribunales.
El lector de esta obra no encontrará estratagemas defensivas ni nada que se le asemeje. Lo que sí hallará serán algunos principios básicos que hacen posible la defensa eficaz, y que sin ellos, o sin garantías, la defensa se torna imposible, o por lo menos ilusoria. Para que pueda lograrse una defensa efectiva es necesaria la operatividad plena del sistema de garantías. Todas, sin exclusión. La presunción de inocencia es la garantía más preciada en un Estado de Derecho; conmoverla o disminuirla implica un retroceso institucional grave, de allí la importancia de que exista un bloque indestructible de garantías individuales, como el que consagra el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, y que rige para todos los ciudadanos, sin excepción.
El procedimiento penal que culmina en el dictado de una sentencia es una suerte de paraguas protector de arbitrariedades, por ello debe ser debido, temporáneo, amplio y eficaz. Sin garantías eficientes y operativas en el marco del proceso penal, o en el procedimiento administrativo o sancionador, no existe la posibilidad de defenderse y si no existe defensa, tampoco hay garantía para sostener la presunción de inocencia.
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