INGENIERÍA DE TRÁNSITO CON APLICACIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES VIALES

Los accidentes de tránsito son una de las principales desventajas que han llegado con la creciente motorización de las calles, avenidas y autopistas. A pesar de los esfuerzos que se han realizado para tratar de disminuir la alta ocurrencia de tales accidentes o percances, es claro que aún sucederán muchos de ellos antes de que se encuentren formas más eficaces para evitarlos. Así, resulta altamente valioso todo aquello que permita reducir o incluso prevenir los costos y molestias que se derivan de los mismos accidentes. En particular, es especialmente importante el contar con las mejores bases para diagnosticar las verdaderas causas del problema. Ello es totalmente crucial para deslindar responsabilidades o culpabilidades. Además, es siempre aconsejable contar con una base técnica más confiable que la misma percepción y la tendencia natural a no reconocer o a justificar los errores propios. Así, podría evitarse en cierta medida, el escalamiento del conflicto, también natural entre las partes. Por supuesto, el reto que se enfrenta al realizar un peritaje es realmente enorme. A las dificultades técnicas habrá que agregar la presión que casi siempre se ejerce para que dichos peritajes sean realizados con rapidez. De hecho, cuando se realiza una investigación, el paso del tiempo, en sí mismo, es un factor en contra pues las evidencias y pruebas se pueden mezclar, perder o desvanecer. También pueden influir muchas circunstancias y factores fortuitos que pueden alterar las condiciones necesarias para revisar los peritajes. La magnitud del reto que presenta un peritaje no es y no debe ser pretexto para instituir reglas fáciles, generales y de dudosa representatividad. Tal es el caso del supuesto “criterio” que se aplica de que “el que pega, paga”. Como bien saben los expertos especialistas en peritajes de accidentes de tránsito, hay muchas ocasiones que el verdadero culpable es quien frena bruscamente, realiza maniobras de invasión de carril, rebasa inapropiadamente, realiza maniobras indebidas o sin avisar a los conductores que lo requieran o, en general, realmente no tienen el debido respeto a los reglamentos; así como la moderación y la cortesía que se requiere al conducir. Por supuesto, el conductor debe asumir los costos correspondientes si, como producto de su propia impericia, ignorancia o distracción provoca un accidente; sin embargo, también debe de mostrarse fehacientemente su culpabilidad aunque dicho conductor sea el que recibe el golpe. La realidad cotidiana nos demuestra que no siempre sucede así y que el culpable puede ser injustamente exonerado y hasta compensado por un daño que el mismo conductor provoca. Se puede afirmar que la base del principio de que “el que pega, paga” radica en otra regla, que afirma que “cada conductor debe llevar la distancia necesaria para frenar”. Si bien esta regla cuenta con más lógica, con base a los conocimientos de cinemática y dinámica vehicular, es claro que raramente es aplicable a los casos de imprudencia que se señalaron. Por ejemplo, aun desplazándose a la velocidad permitida por los reglamentos, es claro que, en ocasiones no se pueden hacer milagros; ya que si alguien invade nuestro carril y además frena intempestivamente, lo único que nos queda es el frenado en forma esquizofrénica y quizá bastante inútil. Los lectores saben que ese tipo de combinaciones prácticamente letales, desgraciadamente, sí suceden. No es nuestra intención el polemizar en estas líneas sobre la validez de ciertas reglas o ideales que se pueden estar aplicando. Lo que se quiere enfatizar o ilustrar es la necesidad de profesionalizar cada vez más y permanentemente a los que están encargados de dictaminar la responsabilidad de los accidentes, así como explicarse todas las causas y condiciones que hay detrás de cada accidente en particular. Es claro que su aprendizaje no sólo nos permitirá mejorar factores como la educación vial y los cursos de manejo para la conductores, sino que además nos permitirá corregir las deficiencias que se pueden presentar en el diseño, fabricación y mantenimiento de los propios vehículos, en la construcción y operación de la infraestructura, en la interpretación de reglamentos y, en general, en todos las actividades relacionadas con la circulación de los vehículos.