ANITUA, GABRIEL IGNACIO
Presentación
Apuntes genealógicos sobre el poder de juzgar
La importación de mecanismos consensúales del proceso estadounidense en las reformas procesales latinoamericanas
Juicio por jurados y democracia en Argentina
Sobre la reciente ley de juicio por jurados bonaerense
La reforma de la justicia penal
El principio de legalidad y el principio de oportunidad: Interrogantes y aporías en los sistemas anglosajones y continentales
Breves apostillas sobre el ejercicio de la acusación en Inglaterra
Una triste genealogía de la defensa (y como recordarla para hacer otra cosa)
La defensa pública como garantía de acceso a la justicia
Este libro concluye la trilogía sobre las instancias del sistema penal. El primer libro fue Derechos, seguridad y policía. El segundo libro llevó el nombre de Castigo, cárceles y controles. Este tercer libro, recibe el título de Jueces, fiscales y defensores, ya que se ocupa de esos actores de la etapa más "jurídica" de ese fenómeno o conjunto, sintetizado como "delito, juicio y castigo".
Más allá de su importancia, lo cierto es que el enjuiciamiento es la parte más jurídica de ese trío. Y que por serlo tiene la potencialidad de ser la menos violenta, y la que posibilita reducir o salir de las violencias que justifican que hablemos de delitos y de castigos.
El modelo de organización de la justicia y de derecho penal relacionado con el sistema penal que también se propone en estos textos, apunta en esa dirección. El derecho garantizador del que se habla, incluso con una única dimensión procesal y agnóstica, además de incorporar el rechazo de la violencia, permite elaborar un criterio jurídico que otorgue pautas para la articulación de políticas democráticas y nos alejan de la violencia de la cultura actual sin imponer otra más poderosa. De esta forma, el enfoque transdisciplinario debe compatibilizar las mejores expresiones de la sociología, la antropología y la historia, con los límites filosóficos y políticos penales propios del pensamiento ilustrado, que el derecho penal actual refleja en el garantísmo, capaces estos últimos de colocar en una posición privilegiada al individuo y, también, a la "racionalidad" ligada a valores finales como el de la pacificación y la participación democrática e igualitaria. Todo ello supone un posicionamiento expresamente político.
Si es grave que no se investigue el accionar de jueces fiscales y defensores, y se analicen desde fuera de sus corporativas instituciones formas diversas de organización, mucho más grave es que eso deje de hacerse desde postulados políticos y académicos progresistas o de izquierda. La "criminología crítica" debe ocuparse de esa tarea.
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