HERRERO PEREZAGUA, JUAN FRANCISCO / LÓPEZ SÁNCHEZ, JAVIER
El acceso a los tribunales está en buena medida condicionado por el coste que al justiciable le comporta litigar en defensa de su derecho.
La garantía de la tutela judicial efectiva no solo se orienta al establecimiento de un sistema judicial eficaz y eficiente. También debe comprender la
financiación de los costes que razonablemente le pueden suponer al justiciable. La limitación de recursos del Estado puede justificar que el derecho a litigar gratuitamente sólo se reconozca a quienes carecen de recursos para afrontar el riesgo que supone un proceso.
Su delimitación siempre puede ser objeto de debate, pero el surgimiento de otras formas de financiación, por terceros, parece manifestar su insuficiencia. Por otra parte, esa financiación por terceros se condiciona en buena medida a la probabilidad de un resultado favorable. Ahora bien, obtenido un pronunciamiento favorable, ¿lo es plenamente? ¿Qué razones hay para limitar o excluir el reintegro de las costas que necesariamente ha habido que afrontar? Al indagar en ellas se advierte cómo ha ido ganando terreno la preocupación del legislador por aliviar la factura de la Justicia que corresponde al Estado. ¿Acaso no late esta motivación en el impulso que se da a los medios negociales de solución de conflictos? ¿Qué coste
tienen estos? ¿Preferirán las partes sacrificar o hacer dejación de su derecho a la vista del coste que comporta su tutela y de la improbabilidad
de su reembolso? ¿Tiene el sistema que hacerse eficiente?
El régimen de la ley, los estándares europeos, la discrecionalidad judicial, los acuerdos de las partes, los mecanismos facilitadores del acceso a la Justicia la asistencia gratuita, la financiación por terceros, las pólizas de seguro son elementos que se encuentran en un momento de revisión.
En estas páginas el lector encontrará una exposición detallada del régimen actual de financiación de la Justicia y de los gastos procesales y una reflexión crítica sobre las nuevas orientaciones que, por una parte, remueven principios que parecían asentados y, por otra, plantean retos en los que existe el riesgo de deslizarse por derroteros de incierto recorrido y dudoso destino, pues, al fin y al cabo, está en juego la tutela judicial.
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