CARTA ABIERTA SOBRE LA INTOLERANCIA: APUNTES SOBRE DERECHO Y PROTESTA - 2.ª ED. 2015 AMPLIADA

Nota del editor

1. Carta abierta sobre la intolerancia
Introducción
¿Dónde terminan los derechos de cada uno?
Choque de derechos
El valor especial de la expresión
Expresión, medios de comunicación e intereses particulares
Foros públicos, expresión y violencia
Comunidad
Democracia
Derechos
Derechos y privilegios
Discusión

2. Un diálogo sobre la ley y la protesta social

3. Sobre el uso legítimo del poder coercitivo del Estado. ¿Cómo justificar la acción penal en contextos de marcada desigualdad social?
Introducción
Injusticia penal e injusticia social
Derechos y democracia
Una presunción negativa
Objeciones

Epílogo. La protesta social hoy
Notas
Bibliografía sugerida
Referencias bibliográficas

¿Mis derechos terminan donde empiezan los de los demás? ¿Es más importante el derecho a la libre circulación que a una vida digna? ¿Qué respuesta ofrece la justicia? Carta abierta sobre la intolerancia entabla un diálogo con aquellos que exigen, por parte del derecho, una respuesta más severa hacia quienes protestan: los que reaccionan ante el maltrato estatal o empresarial, los que se manifiestan por salarios decentes, los que cortan calles en reclamo de sus fuentes de trabajo o de mejores condiciones laborales. En general, son los grupos sociales de bajos recursos económicos quienes realizan estas protestas, a través de medios que, casi siempre, generan incomodidades serias a los demás.

Ambos grupos demandan la intervención del Estado y el uso de la ley en su respaldo. Cuando los jueces responden a esos reclamos, muchas veces actúan a partir de prejuicios de clase, religiosos y políticos ampliamente extendidos en la sociedad, y las decisiones que toman están influidas por motivaciones ideológicas.

En esta nueva edición, ampliada, de un libro fundamental, Roberto Gargarella reflexiona sobre la situación de la protesta social hoy, considerándola en toda su complejidad (qué alternativas tienen quienes protestan, cuál es la gravedad del derecho vulnerado en cada caso, qué posición cabe a los jueces más allá de los extremos de la criminalización o la prescindencia), y se interroga sobre la legitimidad de la acción penal en contextos de marcada desigualdad social. Una vez más, deslumbra con una argumentación compacta y matizada, a contrapelo de las habituales reacciones dogmáticas y de los discursos que recaen pobremente en la condena o la simplificación.